El drama de los desahucios y el derecho a una vivienda digna

El drama de los desahucios y el derecho a una vivienda digna

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Propuestas y peticiones para el concejal del distrito de Villaverde

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan decenas o cientos de familias en nuestro distrito es la falta de alternativas habitacionales en caso de desahucio o desalojo por impago de hipoteca, alquiler o por ocupación, en contra de uno de los principales derechos humanos como es el derecho a una vivienda digna.

Esto se debe principalmente a la imposibilidad de pagar alquileres a precios de mercado (de media entre 450 y 600 euros en nuestro distrito) por parte de miles de personas golpeadas por la crisis y que muchas veces sobreviven con un subsidio del paro (426 euros) o una prestación social de RMI (máximo 532 euros), cuando los cobran.

Por esta razón, desde la PAH Villaverde pedimos al Ayuntamiento, y en particular al nuevo concejal del Distrito, que se tomen medidas reales encaminadas a solucionar este drama y que eviten que más familias se puedan encontrar en una situación de marginalidad y de exclusión social por razones económicas.

De esta forma conseguiremos además mejorar la convivencia en nuestro distrito y combatir a los que utilizan las ocupaciones no por necesidad, sino para lucrarse gracias a las desgracias de los más débiles o para realizar actividades ilícitas.

1. Promoción y ayuda para alquileres. Disponer de un banco de viviendas, principalmente públicas, destinadas al alquiler a precios accesibles es una de las principales medidas que puede ayudar a frenar este drama. Por ello proponemos:

— En primer lugar, realizar urgentemente un censo exhaustivo de propiedades de la EMVS existentes en nuestro distrito para conocer el número total de viviendas y locales, los que realmente están alquilados, los ocupados y los que están vacíos (tapiados o no).

Es un trabajo indispensable para saber el número real de viviendas públicas del Ayuntamiento disponibles para cubrir la gravísima emergencia ocupacional que hay en nuestro distrito, y sabemos que hay muchas que llevan tiempo vacías y abandonadas.

— En segundo lugar, exigir a las principales entidades bancarias y la Sareb (el banco malo) la cesión al Ayuntamiento de parte de los cientos de pisos que tienen abandonados, ocupados o tapiados en nuestro distrito, que no consiguen vender y que se están deteriorando con el tiempo.

Nos parece gravísimo que las entidades bancarias y la Sareb prefieran dejar que las viviendas se deterioren o incluso se utilicen para actividades ilícitas en lugar de conceder alquileres sociales a las muchas familias desesperadas que lo necesitan.

— En tercer lugar, solicitar a la Comunidad de Madrid que realice un censo similar para las viviendas pertenecientes al IVIMA y al IRIS, recientemente unidas en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, así como las vendidas a fondos buitre como Lazora o Fidere.

2. Revisar los criterios de acceso a las viviendas públicas sociales de la EMVS, tanto por lo que se refiere a requisitos como al cálculo de los alquileres, que deberían ser proporcionales a los ingresos familiares de modo que también les permita vivir, comer y tener una vida mínimamente digna.

3. Garantizar los suministros básicos. El ayuntamiento de Madrid tiene que implicarse directamente para que se garanticen los suministros básicos a todas las familias que por su situación económica no pueden pagarlos en la actualidad. Esto resulta particularmente grave teniendo en cuenta que en el caso del agua el Canal de Isabel II es de titularidad pública.

4. Facilitar el empadronamiento municipal a todos los ciudadanos sin distinción y sin discriminar los casos de ocupación. Esto facilitaría que también las personas que ocupan una vivienda por razones económicas puedan contratar los suministros básicos (si pueden permitírselo, claro está) y, cuestión muy importante, para que puedan solicitar una vivienda social del IVIMA o EMVS, que actualmente niegan las solicitudes de familias en grave situación de exclusión social solo por el hecho de ser okupas, siguiendo una lógica perversa que les obliga a entrar en un círculo vicioso que les deja como única alternativa seguir ocupando.

5. Promover la rehabilitación del actual parque de viviendas públicas y privadas, prohibiendo durante un número determinado de años su venta para no permitir especular con ellas, y dando facilidades para que se alquilen. Al mismo tiempo, bloquear la construcción de nuevas promociones de viviendas que no sean públicas.

6. Abrir la Oficina Municipal de Intermediación Hipotecaria y las futuras Mesas de Vivienda Distritales a la participación de las plataformas por el derecho a la vivienda (si lo desean), y además que se atienda tanto a casos de impago hipotecario como de ocupación por razones económicas.

Las oficinas de distrito deberán también disponer de ventanilla al público para informar sobre lo que los afectados pueden hacer y dónde deben dirigirse, ayudar a gestionar solicitudes de justicia gratuita, así como informar y facilitar trámites para poder acceder a viviendas públicas sociales. Este nuevo servicio podría también descargar de trabajo al departamento de Servicios Sociales, que emplea mucho tiempo en tratar casos de desahucio, solicitudes de pisos sociales, etcétera.

7. Distinguir entre ocupación por razones económicas (recuperación de pisos de entidades bancarias, no de particulares, cumpliendo unos requisitos mínimos de convivencia) y otro tipo de ocupaciones (para especular y realizar negocios con las viviendas, por ejemplo realquilar pisos o habitaciones, o utilizarlas para actividades ilícitas) que nosotros condenamos. No es lo mismo, y por ello tampoco tiene que ser igual el tratamiento que se dé a estos casos.

8. Conseguir, con el apoyo y participación del concejal del Distrito, reuniones con las principales entidades bancarias de Villaverde para analizar la situación de desahucios en el Distrito, las posibles alternativas, las posibilidades de dar uso a pisos del FSV de los bancos, etcétera; todo esto con el fin de aliviar la dramática situación habitacional existente.

9. Aunque no esté directamente relacionado con desahucios, nos parece importante subrayar la situación de la Residencia Temporal para Personas Mayores situada en la calle Arroyo Bueno 20-22 (cerca de la Junta Municipal), que lleva cerrada desde 2008.

Esta construcción (cinco plantas de 600 metros cuadrados cada una, con 70 habitaciones con aseo, servicios comunes, comedor, etcétera), propiedad del IVIMA y gestionada por la Comunidad de Madrid, lleva años sin prestar su servicio más que necesario en el Distrito. Se encuentra actualmente en estado de abandono, y se está dejando deteriorar de forma alarmante en lugar de darle un uso social, que podría también ser, por ejemplo, como residencia temporal para casos muy graves de personas sin alternativa habitacional, albergar un comedor social o una despensa solidaria…

10. Por último pedimos que el nuevo concejal del distrito de Villaverde nos aclare cuál será su papel, y el del Ayuntamiento, para garantizar el derecho a una vivienda digna, de qué herramientas disponen o van a implementar para ello y si van a asumir algún compromiso concreto con los vecinos y vecinas del Distrito

PAH VILLAVERDE